Opinión

Creo que en Costa Rica durante esta pandemia casi todos tenemos la jerarquización de preferencias claramente establecida: primero defender la salud y la vida; luego apoyar a las personas que carezcan del ingreso mínimo necesario para atender sus necesidades básicas y en tercer lugar minimizar los costos sobre la economía de las políticas empleadas para enfrentar el COVID-19. Pero actuar de conformidad con estas prioridades no es fácil ni siempre evidente.

El gobierno para cumplir con el segundo objetivo estableció el Programa Proteger. Con él se otorga un subsidio mensual de ₡125.000 a las personas a quienes se les redujo la jornada más de un 50%; a quienes fueron despedidas; a quienes se les suspendió su contrato laboral, y a las personas trabajadoras independientes, temporales o informales con ingresos reducidos por la emergencia nacional por COVID-19. El subsidio es de ₡62.500 para quienes han sufrido una reducción salarial por disminución de jornada laboral, igual o inferior al 50%.

Al 10 de junio el Ministerio de Trabajo había recibido 942.020 solicitudes para la asignación de este bono y había aprobado y depositado 532.901 con una erogación de ₡64.118 millones para un mes a cada persona. Actualmente hay presupuestados ₡162.000 millones para el Programa Proteger (₡150.000 en el I presupuesto extraordinario y ₡12.000 millones de la Comisión Nacional de Emergencias) y se ha manifestado la intención de los poderes ejecutivo y legislativo -en la presentación y rechazo del II Presupuesto Extraordinario de este año- de dedicar a esa finalidad ₡75.000 millones de transferencia del INS. Con ese monto total de recursos se podría pagar los 3 meses del bono Proteger a unas 652.000 personas.

De manera que para atender por 3 meses a la totalidad de personas que habían solicitado el auxilio el pasado 10 de junio faltarían recursos adicionales por aproximadamente ₡105.000 millones, y la inversión total en el programa por 3 meses sería equivalente a 0,9% del PIB.

El aumento de otros gastos motivados por el COVID-19 -incluyendo los ₡34.000 millones pendientes de aprobar para la CCSS para compensar la rebaja en la base contributiva de los afiliados- montan a ₡36.400 millones lo que aunado a Proteger significaría un aumento en los egresos para este período de un 1% del PIB.  Esto ya significa un crecimiento del gasto mayor al estimado por el Sr Ministro don Rodrigo Chaves de 0,7% del PIB

Además, la disminución neta en los ingresos corrientes para este año se estima en 2,3% del PIB y las disminuciones de gasto corriente aprobadas hasta la fecha son solo de un 0,2% del PIB, lo que indica que sin ajuste adicional en los gastos inicialmente establecidos para 2020 el déficit financiero para este año sería de 9,3% del PIB.

¿Se podría en esas condiciones extender por 3 meses más el Programa Proteger con un gasto adicional de otro 0,9% del PIB?

Me parece que sería totalmente insostenible, más ante las declaraciones del Ministro de la Presidencia consagrando las bondades sin condiciones del gasto corriente del sector público y que no se debe aplicar la regla fiscal a las Universidades.

¿Cuál sería la reacción del mercado financiero con un déficit financiero superior al 10%?

Sin embargo, si como ahora parece probable la epidemia se prolonga, no se podría dejar sin protección a las familias más necesitadas.

En esa condición deberíamos ejecutar la opción preferencial por los pobres y restringir el acceso a una segunda etapa del Programa Proteger en beneficio exclusivamente de las personas cuya familia se encuentre en condición de pobreza o en los linderos para caer en esa condición.

Para no excluir a las personas que no estén ya incluidas en el SINIRUBE se podría facultar a los EBAIS -que son las unidades más descentralizadas de nuestra institucionalidad social- que certifiquen para este objeto la situación de pobreza de los solicitantes.

Evidentemente con independencia de que se de la extensión de los efectos empobrecedores del virus SARS-CoV-2 es imprescindible una mucho mayor disminución en el gasto corriente del gobierno para este año, a pesar de lo que piense el Ministro de la Presidencia.

Cuando se viven circunstancias restrictivas como las actuales, se debe ser muy selectivo en el gasto y se requiere posponer incluso erogaciones convenientes, pero con menor esencialidad que otras. Los prejuicios en la toma de decisiones fiscales agravaron el empobrecimiento que nos deparó la crisis de los ochenta, cuando por miedo al ajuste se pospuso su implementación. No repitamos esa experiencia que ahora sería mucho más costosa en sufrimiento de las familias más necesitadas.

Debemos optar por la preferencia por los pobres de hoy y no agravar la pobreza de mañana.

Contacto

Miguel Ángel Rodríguez, Ex Presidente de la República

Socio Consultor de Econoanálisis

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Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de www.cristianleandroc.com

Foto cortesía 

La cifra no es menor:  se prevé que el cibercrimen costará más de US$6 billones de dólares anuales en todo el mundo para 2021, de acuerdo con el Foro Económico Mundial. El tema tiene en alerta a todas las autoridades encargadas de combatir a los delincuentes digitales y a toda la industria, la cual está comprometida con hacerle frente a las amenazas con soluciones cada vez más robustas y seguras. 

Ahora que las personas pasan mucho más en los canales digitales y haciendo teletrabajo, se ha detectado —según estimaciones del Foro Económico Mundial— que en los últimos meses el 98% de los ataques cibernéticos ha usado métodos de ingeniería social para desfalcar a un sinnúmero de personas, con modalidades como el phishing y el malware, distribuidos a través de sitios web o documentos aparentemente genuinos. Cada violación cuesta en promedio US$3.92 millones de dólares a las empresas sin contar con la pérdida de datos que involucra información confidencial, identificaciones reservadas de clientes y registros que muchas veces no se pueden recuperar. 

Esto mismo advierte el Informe de Riesgos Globales 2020 del Foro Económico Mundial, que resalta que los ataques cibernéticos y el robo de datos se encuentran entre los 10 principales riesgos que los CEOs tienen más probabilidades de enfrentar a corto y largo plazo. Entonces, en una situación como la actual, con toda su población volcada al mundo digital, cada vez más dependiente de los sistemas informáticos, dispositivos móviles e Internet para trabajar, comunicarse, comprar, compartir y recibir información, los actores maliciosos están explotando estas vulnerabilidades.

Por esto la importancia de blindar las organizaciones. Para los expertos en ciberseguridad que participaron en el análisis realizado por Oracle en alianza con KPMG, la detección temprana de amenazas es lo primordial para mitigar ataques, no sólo porque permite a las organizaciones ahorrar tiempo para desplegar planes de contingencia, sino también porque facilita el análisis posterior de los procedimientos, qué cosas mejorar y qué cosas cambiar.

Lo cierto es que para enfrentar este problema “más” no siempre significa “mejor”. Las organizaciones tienen alrededor de 46 herramientas de seguridad distintas, que van desde descifradores de contraseñas, escáner de vulnerabilidades, analizadores de protocolos de red, entre otros, los cuales no siempre se comunican entre sí de la mejor forma. Esto se convierte en un inconveniente, puesto que en ciberseguridad la unificación de los protocolos de seguridad, así como una línea de información y procedimientos estandarizados, es esencial para la detección de patrones anómalos y la contención de ataques.

Al automatizar los procesos, por ejemplo, las organizaciones pueden simplificar muchos de estos pasos, unificar etiquetas y focalizar mejor sus esfuerzos con el fin de tomar decisiones más estratégicas y actuar de forma menos reactiva. La base de datos autónoma incorpora tecnologías emergentes como Inteligencia Artificial y Machine Learning, que permiten aprendizajes importantes, incluyendo actualizaciones y parches de seguridad y la realización de backups y upgrades de sistemas. Es decir, trae más seguridad a la información y datos de las empresas pues, al disminuir el nivel de intervención de los empleados en los diferentes procesos, reduce el volumen de problemas causados por el error humano

Frente a este hecho, el mismo análisis efectuado por Oracle asegura que la mayoría de las organizaciones (90%) dice que por lo menos la mitad de sus datos hospedados en la nube está compuesta por informaciones sensibles, lo que puede incluir datos personales y financieros de clientes, códigos fuente, documentos legales y especificaciones de diseño de productos. Esta modalidad tiene sus peculiaridades desde el punto de vista de la gestión de la seguridad; por ejemplo, una empresa puede tener servicios en la nube de diferentes proveedores, y debe garantizar los mismos estándares de gestión de identidades en todos ellos. La nube puede ofrecer garantías de seguridad superiores a los centros de proceso de datos individuales.

En la nube, la gestión de la seguridad está en manos de un especialista y se puede a aprovechar la escala para poner en marcha medidas difícilmente implantables en otros entornos. De nuevo, las técnicas de machine learning permiten anticiparse a nuevas modalidades de ataque, son mucho más viables en la nube gracias a la escala y volúmenes de información que gestionan los proveedores de tecnologías como servicio.

Así las cosas, la tecnología y las plataformas inteligentes son la mejor arma para combatir los ataques de los ciberdelincuentes. Estas amenazas se enfrentan con mejores herramientas informáticas, que desempeñan un papel vital: optimizar a las organizaciones con soluciones para la protección de toda su gente y sus clientes en la era digital.

Contacto

Leandro Ramírez

Gerente de Oracle, Centroamérica

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Carlos Alvarado, Presidente de Costa Rica, pierde simpatía y sus acciones generan desconfianza e incertidumbre en el sector productivo.

Carlos Alvarado, Presidente de Costa Rica, ha salido ante la prensa a expresar los esfuerzos de Zapote para mejorar los indicadores económicos.

Cuando sale una mala noticia, proveniente de lo que es claramente una recesión de la economía local, el mandatario da conocer sus nuevas medidas.

En 2018, Casa Presidencial anunció lo que sería la propuesta integral de acciones para la reactivación económica.

Sin embargo, ese año el comportamiento de la economía tuvo un crecimiento del 2,7% del Producto Interno Bruto (PIB).

Solo el primer trimestre de 2018, el desempleo costarricense llegó a 229 mil personas desempleadas, pasando de un 9,1% a un 10,3%.

El comportamiento de la economía se percibía en un claro congelamiento de la producción, un golpe directo en empleo y en la economía del hogar.

Para el 2019, nuevamente Carlos Alvarado, sale a los medios de prensa, anunciando nuevas acciones para la generación de empleo y al cierre de enero de 2020, Casa Presidencial vuelve hacer anuncios de nuevas medidas económicas.

Los indicadores son claros y precisos, desnuda las acciones del Poder Ejecutivo y deja ver que sus formulas no genera un avance.

Cuando vemos los indicadores de desempleo, al menos el último que fue presentado por el Instituto de Estadística y Censo (INEC), de más del 12%, lo que refleja es que ese valor porcentual tiene rostro humano.

El Gobierno de la República realiza acciones paliativas, curitas que no refleja un impacto positivo en la población.

Es común, dentro de la sociedad urbana costarricense, ver profesionales en actividades de la informalidad, tan normal se ha vuelto que en el país se acepta el hecho que un ingeniero con 15 años de experiencia este como conductor del servicio privado de transporte.

El Gobierno de la República realiza acciones paliativas, 
curitas que no refleja un impacto positivo en la población.

A pesar de los “berrinches” presidenciales, son los números que refutan la postura oficialista y el esfuerzo de hacer de una mala noticia la oportunidad.

El estudio de Expectativas de Empleo, para el primer trimestre de 2020, realizado por ManpowerGroup, deja ver la creciente apatía dentro del mercado laboral.

La Tendencia Neta de Empleo, según la encuesta, para este periodo es de un 3%, es decir, 3 puntos porcentuales menos de la manifestado por parte de los empresarios en enero de 2019.

La percepción de incertidumbre dentro del parque empresarial costarricense, significa que para este primero trimestre del año, el 82%, de los empresarios entrevistados por ManpowerGroup, indicaron que no realizaran cambios en sus planillas.

Esto se le suma al estudio del INEC de un incremento en el indicador de desempleo y una proyección del crecimiento económico, según el Banco Central de Costa Rica, de del 2,5% de la producción nacional.

Para la administración de Carlos Alvarado, es sencillo relativizar los indicadores o transformarlos en discusión política, generando un aumento continuo en la desconfianza en el sector empresarial.

Una Costa Rica polarizada, entre discursos de berrinche y las constantes llamadas de atención del sector productivo, pidiendo acciones contundentes y que lanzan al país acciones que permitan retomar la tranquilidad.

Hoy la pelota está en el campo de juego de Casa Presidencial, mientras se la tiran de un lado a otro con discursos políticos, la realidad económica cae, golpeando a la familia y al sector profesional.

Biblia en mano diputados salen a defender la necesidad de excluir a una parte de la población de tener acceso a servicios financieros pues a los que tienen acceso son muy onerosos.

Por su parte las autoridades técnicas del gobierno, tanto del Banco Central como de  la superintendencia de bancos elucubran fórmulas mágicas para determinar cuál es la tasa máxima que se debe cobrar por un crédito.

Nuestro Presidente, cual Salomón, dice favorecer una solución intermedia, o como diría mi abuela, ni tan cerca que queme al santo ni tan largo que no alumbre.

El Banco Mundial señala que la inclusión financiera es un factor clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad. La inclusión financiera significa, para personas físicas y empresas, tener acceso a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades —transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro— prestados de manera responsable y sostenible. Su impacto es multidimensional y contribuye de una forma u otra, a avanzar el logro de diez de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por las Naciones Unidas.

Existen sólo dos razones válidas para justificar que a un sujeto de crédito se le cobren tasas consideradas de usura: La primera, que efectivamente esta persona sea una mala pagadora y tenga deudas documentadas y pendientes ya sea con entidades financieras o entidades comerciales lo cual la convierte en un crédito de alto riesgo. La segunda ocurre cuando no se conoce qué tan riesgoso es otorgarle el crédito pues esta persona no tiene, “historial crediticio”; va a pedir crédito por primera vez. 

Al mal pagador es lógico que se le cobre caro. Para el novicio, esta debe ser una condición que conforme vaya generando historial de buen pagador, debería ir disminuyendo. La forma entonces de remediar esta segunda causa es mejorando y facilitando la forma en que se construye este historial.

Aquellas personas que han tenido la experiencia de vivir en países con mercados financieros desarrollados pueden dar testimonio de cómo los proveedores de servicios financieros la ponen en práctica.

Así, si bien al inicio lo único que puede hacerse es abrir una cuenta de ahorros, conforme pasan los meses, sus pagos de alquiler, servicios públicos, su historial bancario, van generando esta historia y un día, como por arte de magia, llega a su correo electrónico una tarjeta de crédito pre autorizada. Cierto, por un monto generalmente bajo pero que, de igual manera, va aumentando “solo” conforme se paga a tiempo la tarjeta.  

En mercados desarrollados la información sobre todas las transacciones comerciales y financieras de los ciudadanos genera esta información y compañías especializadas, las agencias de calificación de crédito de consumidores, generan una nota que sirve como referencia rápida y efectiva para conocer el tipo de riesgo de la persona y por lo tanto las tasas a las cuales tiene acceso.

Desafortunadamente, además de contar con información crediticia, se requiere que haya competencia en el otorgamiento de crédito. Esta es otra área donde falta mucho por hacer. Es necesario fomentar la competencia no solo nivelando la cancha entre los bancos públicos y los privados, sino modernizando la regulación para incorporar a los nuevos actores que la innovación financiera ha permitido surgir, las muy mencionadas “fintechs”, para solo mencionar uno de los factores más importantes.

Lo más triste de esta situación es que se está perdiendo la oportunidad para atacar el problema de la exclusión financiera desde su raíz.

Las tasas de usura son resultado de la ausencia de un marco normativo que favorezca y promueva el uso adecuado de la información que generamos como consumidores y de la insuficiente competencia en la prestación de servicios financieros. Vale la pena hacer un alto en el camino y si realmente se quiere proteger al consumidor financiero, abandonar posturas simplistas y ponerse a hacer la tarea de diseñar e implementar medidas que mejoren el acceso a la información, promuevan  la competencia e impulsen la innovación. 

No es fijando las tasas de interés que vamos a proteger a quienes necesitan crédito es creando las condiciones para que haya más oferta que realmente se estaría logrando este objetivo.

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Jose Rafael Brenes, Socio Consultor de Econoanálisis

Las municipalidades son las entidades públicas más importantes, ya que tienen la tarea de atender y solucionar las necesidades de cada cantón.

Pese a esa cercanía, los actuales alcaldes no tienen la totalidad de la simpatía para lograr la reelección, en las próximas votaciones del 2 de febrero; al menos así lo detallan los estudios de Borge&Asociados y del Centro de Investigación en Ciencias Políticas (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Ese enfriamiento, en la población electoral, se debe a la incapacidad de los jerarcas municipales a cumplir con el proceso de divulgación y rendición de cuentas.

El Índice de Transparencia del Sector Público, realizado por la Defensoría de los Habitantes, coloca a las Municipalidades como uno de los peores entes públicos, en cuanto al cumplimiento de la correcta divulgación de todas sus acciones.

La misma conclusión llega la Contraloría General de la República en su propio estudio, concluyendo que los gobiernos locales solo tienen un 29%, en cuanto a la expectativa ciudadana.

Desde 2003, la Sala Constitucional, dentro de la discusión de la transparencia administrativa y el principio de publicidad, obliga a todas las instituciones a utilizar todos los canales efectivos para comunicarle a la población la totalidad de tomas de decisiones.

En el caso de la Municipalidad, existe un mayor peso en cuanto al cumplimiento del mandato constitucional, ya que su estructura administrativa y política proviene de la elección popular.

Los administrados poseemos la facultad inherente en solicitar, de forma insistente, se cumpla el principio de publicidad y transparencia administrativa.

Todas las autoridades municipales, Alcaldía y Concejo Municipal, están obligados en constituirse como verdaderas casas de cristal, para su correcta auditoria ciudadana. Ese es el gran reto, que deben alcanzar las futuras jefaturas municipales, electas el 2 de febrero próximo.