¿Por qué el aborto viola los derechos humanos?
Desde el punto de vista jurídico el argumento de derecho es contradictorio. Foto Internet
¿Quién lo ratificó?, la respuesta es: Costa Rica
Si Costa Rica despenaliza el aborto, estaría violando el pacto que impulsó y que lleva su propio nombre. De ahí que la semántica sobre la pregunta: ¿qué es vida humana?, tiene una protección desde el punto de los derechos y deberes humanos.
El peso que llevó a que Argentina votara negativamente al proyecto de despenalización del aborto tiene su jurisprudencia internacional y en la cual Costa Rica es protagonista.
Se trata de la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", Adoptada por la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos.
Los Estados Americanos signatarios de la Convención, reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales, detalla el preambulo del Pacto San José.
Existe un claro silencio alrededor de este pacto, vigente y de carácter vinculante para todos los países involucrados, principalmente Costa Rica.
El Poder Ejecutivo, Legislativo e incluso la misma Sala Constitucional podrían – a mi criterio – caer en el terrible error si deciden separarse de este pacto y con el único propósito de aprobar la práctica del aborto en el país.
Ese pacto es claro, en cuanto a la protección que tiene la vida desde su gestación, considerandola como una persona humana, sujeta de derechos y protección del Estado.
En el Artículo cuatro, Sobre el Derecho a la Vida, se detalla que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida, Este derecho estará protegido por la ley y , en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”.
Hay una contradicción jurídica, como se apunta en Delfinocr, donde Daniela Soto, estudiante de Derecho de la Universidad Latina, expone la “denegación de acceso al aborto terapéutico actualmente existen dos peticiones, el caso AN (P- 1159-08) y Aurora (P-1377-13), ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra de nuestro país”.
Soto argumenta que, “en ambos casos las peticionarias alegan violación a la integridad personal, a un recurso efectivo, a la intimidad y a la libertad personal, así como a la salud y a la no discriminación por razones de género, ya que el Estado les negó la posibilidad de acceder al aborto terapéutico, a pesar de que su salud emocional se encontraba en riesgo al ser forzadas a llevar a término sus embarazos a pesar de que en ambos casos existían condiciones incompatibles con la vida extrauterina”.
Se trata de un choque jurídico y acuerdo vinculante a nivel internacional. El Pacto de San José, los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.
Hasta ahí, todo bien. Empero, la fortaleza del alcance de este pacto proviene del inciso dos del primer artículo que dice que “Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano”.
Es decir, Dentro de los Derechos Civiles y Políticos, se le da respaldo a la persona humana desde el “momento de la concepción”, según dice el Artículo 4 del Pacto supramencionado.
Es claro que jurídicamente, Costa Rica tiene un compromiso internacional en respetar el Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", Adoptada por la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos.
La solución jurídica, proviene de una reforma del Pacto y para ello debe exitir una convocatoria internacional para ese fin.
A pesar que la convención tiene cerca de cuarenta años, su vigencia y madurez obliga al Poder Ejecutivo ajustarse al Pacto, que en anteriores discursos ha defendido con vehemencia.