Política

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TSE registra dos condenatorias millonarias, una tiene es la del partido oficialista y otra por el extinto Partido Movimiento Libertario

Para el Partido Acción Ciudadana (PAC), busca la tercera reelección presidencial consecutiva, pero, para el oficialismo la baja popularidad y una sentencia millonaria golpea la imagen de la agrupación.

En las elecciones presidenciales, Carlos Alvarado, llega a la presidencia con poco más del 60% de los votos, en su segunda ronda. Sin embargo, perdió curules en la Asamblea Legislativa y Alcaldías Municipales (elecciones de 2020).

A pesar que aún no se oficializa precandidaturas en el partido de gobierno,  nombres como de Ana Elena Chacón, Vice Presidenta en la administración de Luis Guillermo Solís, comienza a sonar fuerte.

El ente electoral costarricense indicó a www.cristianleandroc.com que, solo se tiene referencia de dos condenatorias – una de ellas relacionadas con el PAC – penales y civiles en las que intervienen agrupaciones políticas y sus militantes.

No obstante, a efectos de contar con un dato oficial y más preciso sobre los montos, se recomienda consultar directamente al Poder Judicial.

Ello debido a que en ambos procesos penales se han presentado múltiples recursos de apelación y de casación, lo que incide en la condenatoria y fijación de los rubros a pagar por ambas agrupaciones, detalló Alejandra Peraza, Jefa del departamento de Programas Electorales del TSE.

La causa, el expediente n.° 12-000024-033-PE, en relación con el partido Acción Ciudadana, una vez terminado el proceso penal, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, en sentencia n.° 1146-2016 de las 10:00 del 5 de diciembre de 2016, condenó a esa agrupación política a pagar ₡352.700.000,00 por concepto de daño patrimonial, más los intereses que se generen desde la consumación del hecho que se sanciona hasta su efectiva cancelación, explicó Peraza.

Además, el partido de gobierno se le condenó al pago de costas personales por ₡40.430.000,00 y de costas procesales por ₡600.000,00.

“Esta resolución fue apelada y en sentencia 1491-2017 de las 10:50 horas del 14 de diciembre de 2017, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José determinó que el monto de la condenatoria por daño patrimonial al Erario debía ascender a ₡516.600.000,00 y a ₡56.160.000,00 a título de costas personales”, explica Peraza.

La resolución que fue casada y revocada parcialmente por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia n.° 01063-2019 el 4 de setiembre de 2019.

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En esta última resolución, la Sala Tercera dispuso mantener incólume lo resuelto y revocar, únicamente, el aumento patrimonial en la condenatoria de apelación, para lo cual dispuso el reenvío del asunto a ese Tribunal para una nueva substanciación.

Durante varios meses, el oficialismo fue señalado por la oposición por tener “doble discurso” en cuanto a la bandera anticorrupción.

En febrero de 2020, su fundador y ex partidario del Liberación Nacional, Ottón Solís, en una audiencia en la Asamblea Legislativa, culpó a los extesoreros internos del PAC.

¿ML sepultado?

La condenatoria corresponde a la causa seguida bajo el expediente n.° 11-015871-0042-PE en relación con el partido Movimiento Libertario, hoy extinto por el escándalo.

Una vez terminado el proceso penal, el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, en sentencia n.° 903-2015 de las 9:00 horas del 23 de octubre de 2015, condenó -entre otros aspectos – al partido Movimiento Libertario al pago de ₡209. 778.675,00 por concepto de daño patrimonial al Estado y ₡67.134.516,02 a título de intereses, liquidados desde marzo del 2011 y el 2 de octubre de 2015, y posteriormente de este último dato hasta su efectivo pago. Asimismo, se condenó al pago de ₡32.181.318,85 a título de costas personales y a ₡600.000,00 por costas procesales.

Peraza detalla que, esta condenatoria también fue apelada y en resolución n.° 2016-0999 de las 10:30 horas del 7 de julio de 2016, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, anuló parcialmente la sentencia de primera instancia, respecto del rechazo inicial del cobro de daño social solicitado por la Procuraduría General de la República.

Por su parte, en sentencia n.° 2017-01025 de las 16:05 horas del 15 de noviembre de 2017, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia confirmó lo resuelto por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal. 

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Dentro de las principales conclusiones del ente electoral es reconocer el impacto de las redes sociales en los procesos electorales mundiales

La campaña electoral arranca el 6 de octubre y desde ya los partidos políticos comienzan sus procesos internos. Así como surgen las ofertas de política electoral, también se intensifica la presencia de trolls y publicaciones de fake news.

La prensa ha realizado publicaciones relacionadas con las posibles precandidaturas, por lo que en las redes sociales se han intensificaron publicaciones falsas.

En la jerga de Internet, un trol,​ plural troles (del noruego troll), describe a una persona con identidad desconocida que publica mensajes provocadores, irrelevantes o fuera de tema en una comunidad en línea, como pueden ser un foro de discusión, sala de chat, comentarios de blog, o similar, con la principal intención.

Ante el arranque de la actividad política y las manifestaciones de fake news en las redes sociales, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) está realizando una serie de políticas para evitar la desinformación desde las redes sociales.

A pesar que, el manejar todas las informaciones que circulan desde las redes sociales, el tribunal se basará en la apertura de canales oficiales de información.

Alejandra Peraza, jefa del departamento de Programas Electorales del TSE, explica que la estrategia que ha adoptado el TSE para combatir la desinformación y discursos de odio en redes sociales, se basa en la comunicación eficaz y educación en democracia.

“Para eso se han estado realizando esfuerzos por facilitar herramientas que garanticen el acceso a información veraz y oportuna sobre el proceso electoral, y formar en destrezas para que las personas puedan identificar si se encuentran ante una noticia falsa y así no la reproduzcan”, explica Peraza.

Los partidos políticos como partidarios tienen como las redes sociales las plataformas ideales para llegar al electorado, utilizar estrategias de marketing político, es tan valido como la publicidad tradicional.

Sin embargo, la mayor preocupación es la corriente de informaciones faltas, peyorativas en contra de un candidato o candidata.

Peraza detalla que al incidir en la campaña electoral desde las redes sociales es válido, como lo es hacerlo desde los medios de comunicación tradicionales.

"Debe hacerse en respeto a la ley (por ejemplo en lo atinente a las vedas temporales) y como un ejercicio de libertad de expresión sujeto a los institutos que regulan la tutela penal del honor”, asegura Peraza.

A pesar que grupo de apoyo – como el mostrado por Coalición Costa Rica – también son baterías sociales o políticas validas dentro del ambiente electoral; sin embargo, existen obligaciones ante el derecho a expresar apoyo o criticar una propuesta contraria.

“El derecho de participación política en general, así como la libertad de expresión en particular, incluida aquella que se dé en redes sociales digitales, están limitados exclusivamente por lo que dispone el ordenamiento jurídico. Cualquier ciudadano que aprecie violaciones a esas limitaciones puede denunciarlas al TSE para su atención”, aseguró Peraza.

Peraza recalca que el TSE, más que tener opiniones, lo que le corresponde es ocuparse de que los procesos electorales transcurran en condiciones de libertad y pureza del sufragio. “En punto a la desinformación, los esfuerzos del tribunal van dirigidos en la dirección de promover el pensamiento crítico, la cordialidad cívica propia de una cultura de diálogo respetuoso y facilitar información veraz sobre el proceso”, asegura.

Dentro de las principales conclusiones del ente electoral es reconocer el impacto de las redes sociales en los procesos electorales mundiales.

Para Peraza, en el ámbito electoral se es responsable de los abusos en que se incurra en el ejercicio de la libertad de expresión, lo cual podría ser sancionado por el TSE o por los tribunales penales, según el tipo de falta, exceso o delito de que se trate.

El preámbulo de la campaña electoral – que arranca el 6 de octubre de este año – poco a poco agita las redes sociales y muchos de los candidatos ya comienzan con los derechos de aclaración y respuesta.

El TSE implementa siguientes iniciativas:

• La alfabetización digital: Esfuerzos cuya finalidad es promover la comunicación responsable y una mirada crítica de la información en medios digitales. El objetivo es que la ciudadanía cuente con herramientas que potencien el uso responsable y seguro de las redes sociales con sentido crítico, respeto, empatía y convivencia social.
• Comunicación: comprende entrevistas y videos dónde se profundiza sobre las particularidades del proceso electoral, así como información relevante. Para ello se trabaja con periodistas y medios de comunicación.
• Aplicación votante informado: contiene información sobre fechas importantes, candidatos (currículo, programas de gobierno), preguntas frecuentes, además de ser un medio para que los ciudadanos puedan presentar sus denuncias.
• Página Web del Tribunal Supremo de Elecciones: se ubica información relacionada con el proceso electoral, datos estadísticos, resultados provisionales, resultados definitivos, declaratorias, normativa, jurisprudencia, entre otros.
• Redes sociales institucionales, donde los ciudadanos pueden plantear sus inquietudes y solicitar información.
• Call center, durante el proceso electoral se habilita la línea 800-elector, como un medio donde se puede plantear denuncias o consultas, incluyendo el lugar de votación.

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Factibilidad tecnológica da la posibilidad que el sufragio electrónico sea una realidad en Costa Rica, su gran problema es el costo de inversión

Las elecciones presidenciales están a un año de realizarse y Costa Rica está en medio de las medidas sanitarias; de ahí que vuelve a surgir la intención que las votaciones se realicen utilizando la tecnología.

El 6 de octubre de este año es el inicio de la campaña electoral, de cara a las elecciones presidenciales, que se realizarán el 6 de febrero de 2022.

Alejandra Peraza, Jefa del departamento de Programas Electorales del TSE, explica que en 2016 – sin visualizarse el impacto de una pandemia – el Tribunal concluyó que, no existía factibilidad económica a corto y mediano plazo para implementar un sistema de votación electrónica, por lo que se recomendó postergar el proyecto hasta que sea posible contar con los recursos necesarios.

Peraza detalla que, el último estudio de factibilidad determinó que el costo de implementación del voto electrónico para un alcance del 100% de las juntas receptoras de votos ascendería a $28.454.068, con lo que se concluyó que si bien la votación electrónica podría ser desarrollada.

“Un análisis costo-beneficio ello no sería recomendable, pues sería una inversión sumamente alta, considerando que el costo de organización de pasados procesos electorales, tanto a nivel nacional como local, no ha llegado ni a la mitad de ese monto y que es un hecho que nuestro proceso electoral goza de alta credibilidad por parte de la ciudadanía”, explica Peraza.

Por otro lado, la gran limitante para que Costa Rica logre el salto y ser unos de los países con elecciones presidenciales electrónica, es la crisis fiscal.

Peraza agrega que, la crisis financiera por la que atraviesa el país no justificaría una inversión tan alta.

Las elecciones presidenciales serán tradicionales, para la organización, tanto para la campaña como las elecciones tiene un presupuesto de ¢2.536.635.315,00.   

Y … ¿LAS MEDIDAS SANITARIAS?

A pesar que faltan cerca de 12 meses para las elecciones, surge la pregunta si el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) está contemplando medidas sanitarias para las votaciones del próximo año.

Alejandra Peraza, Jefa del departamento de Programas Electorales del TSE, explica que en la actualidad el tribunal trabaja en el establecimiento del protocolo que debe seguirse en cada una de las actividades que contempla la logística electoral (previo, durante y posterior a la elección). 

Peraza detalla que, el protocolo es elaborado en estricta observancia de las  recomendaciones técnicas realizadas por instancias nacionales e internacionales, rectoras en materia de salud.

“Lo anterior con el fin brindarle a todos los costarricenses, las condiciones óptimas para ejercer el derecho al sufragio en un ambiente seguro, donde además de garantizar la transparencia del proceso electoral se apliquen las medidas sanitarias correspondientes”, subraya Peraza.  

La jerarca agrega que, para la implementación del protocolo se trabajará en forma coordinada con los Ministerios de Salud, Educación, Seguridad e instituciones de primera respuesta.

“Adicionalmente, se están realizando estudios de mercado para ampliar o modificar la lista de materiales que se remiten a las juntas receptoras de votos (JRV), con el fin de incluir entre artículos para la protección de los integrantes de las JRV y para la limpieza de las superficies”, detalla.

DATOS PRÓXIMAS ELECCIONES NACIONALES (2021-2022)

Presupuesto Preliminar 2020: ¢22.390.272,00

Presupuesto Preliminar 2021: ¢2.514.245.043,00

Presupuesto Preliminar 2022: Pendiente

Deuda Política: ¢19.790.922.360

Inversión Estimada voto electrónico: $28.454.068.068,52

Fuente: TSE

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Foto del Facebook de José María Figueres

Mientras que en Costa Rica comienza a calentar las políticas partidarias, el expresidente forma parte del grupo denominado Antártica 2020

No hay duda, a pesar que José María Figueres, expresidente de Costa Rica, no oficializa sus intenciones presidenciales, aún así se tiene como posible precandidato. Además, cuando el expresidente convoca a la prensa, la sala se abarrota de medios de comunicación.

Se puede decir que Figueres tiene carisma que genera tanto adeptos como contrarios, pero, el gran reto es lograr mejorar su golpeada imagen.

Ese nivel de convocatorio generó en 2017 una leyenda urbana en la política costarricense, que explica la derrota de Figueres en la convención liberacionista, adeptos del actual partido de gobierno apoyó a ganados Antonio Álvarez Desanti.  

Figueres vuelve a estar como un posible precandidato, sin embargo, su jefe de prensa en Costa Rica, asegura que aún no se referirán a temas de política electoral.

El expresidente de Costa Rica, José María Figueres, estará por dar a conocer su intención a ser precandidato por el Partido Liberación Nacional (PLN), a pesar que no lo oficializa aún.

Figueres reactivó el figuerismo, que por muchos años estuvo en silencia a causa del Arismo (liderados por los hermanos Arias: Rodrigo y Oscar).

Dentro de la agrupación verdiblanco, un nuevo sector tomó fuerza que le dio el gane a Antonio Álvarez Desanti, en la pasada convención en 2017.

Empero, Figueres tiene un enorme reto, tiene que ver con el imaginario social relacionado con el caso Alcatel.

A pesar que el exmandatario supuestamente dio asesoría, desde que se dio a conocer el caso Alcatel, hacia finales del 2004, Figueres abrió sus cuentas bancarias. La investigación de la Fiscalía duró casi tres años y al final de dicha investigación se concluyó que todas sus actuaciones fueron legales.

Figueres en una conferencia de prensa, desmintió que en 10 años no había regresado y aseguró que en ese periodo viajó a visitar sus familiares.

Sin embargo, Figueres no logra cambiar el imaginario alrededor suyo y el escandalo Alcatel, de ahí que esta podría significar la tercera vencida para lograr la presidencia de Costa Rica.

La convención de 2017, Antonio Álvarez Desanti gana la convención de Liberacionista obteniendo poco más de 191 mil votos (45.87%), mientras que Figueres capto 154 mil votos (37.17%).

De los expresidentes Figueres es uno de los más golpeados en su imagen; empero, su ligamen con temas de tecnología, política ecológica y economía circular, Figueres resulta atractivo dentro de la juventud liberacionista.  

“Un 42.1% de desempleo entre nuestros jóvenes, desgarra el corazón. ¿Cuánto esfuerzo personal para surgir, ahora sin salida? ¿Cuánto sacrificio de sus familias por apoyarlos en su preparación, ahora sin respuesta? La prioridad es empleo y apoyo a nuestros emprendedores. Así debe ser, y así será!”, detalla Figueres.

En su primer intento, reunió a la prensa para dar a conocer su programa “Vía Costa Rica”, un espacio que convocó a los ciudadanos y realizar una propuesta ciudadana.

Otra de las propuestas, en cuanto a la generación de empleo, el exmandatario proyecta la 6 clusters para el desarrollo, 350,000 empleos nuevos – reducción del desempleo al 5%

 60,000 familias fuera de la pobreza – disminución al 15% de personas en esta situación

 Bajar las emisiones de carbono – lograr la carbono neutralidad en el país.

“Debemos sacarle provecho a las ventajas competitivas con las que cuenta el país y para esto, potenciaremos 6 nuevos clusters como lo ha sido “Intel”, que abrió la puerta a más de 300 empresas tecnológicas en el país, generó empleos de calidad, exportaciones y bienestar en el país”, detalla Figueres como parte de su respuesta económica.

Varios medios de prensa han intentado buscar la versión del expresidente para averiguar sus aspiraciones, sin embargo, aún no se pronuncia.

“Por el momento no hay comentarios de orden político electoral”, dijo José Manuel Peña Namoyure, representante personal del expresidente ante el PLN y vocero de prensa, al periódico La Republica.

Amelia Rueda, aseguró que, entre el miércoles 20 de enero y lunes 01 de febrero de 2021, el expresidente José María Figueres intensificó las llamadas telefónicas, videoconferencias y visitas personales a empresarios, exministros de su gobierno, encuestadores, alcaldes y hasta con diputados que se mencionan como posibles precandidatos presidenciales.

Mientras que en Costa Rica comienza a calentar las políticas partidarias, el expresidente forma parte del grupo denominado Antártica 2020, año que cumplen 200 años de su descubrimiento.

“Queremos celebrar esa fecha declarando reserva marina todo el océano que bordea ese continente”, publicó en su sitio web.

Para los próximos meses se podría dar un anuncio sobre la participación o no de Figueres en las próximas elecciones presidenciales costarricenses.

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Foto AL

Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, permitió un momento la calma y no respondió las preguntas del diputado frenteamplista

José María Villalta, diputado del Frente Amplio, le preguntó al mandatario si había leído el articulado del decreto que dio vida a la UPAD, la respuesta de Carlos Alvarado fue: No.

Durante la audiencia del mandatario costarricense, manifestó abiertamente que confió en los firmantes previos a su asesoría.

Las preguntas de Villalta desnudaron y pusieron nervioso, desnudó que Carlos Alvarado que su único papel fue dar direcciones generales y firmar el decreto.

“Leer un documento antes de firmar debe ser una buena práctica, señor Presidente”, argumento Villalta.

En esta ronda de preguntas, el mandatario pecó en exceso de confianza hacia sus asesores e incluso personal de despacho.

Para el diputado Villalta el argumento de Carlos Alvarado de calificar el decreto como un error de redacción no tiene un sustento y sí refleja un “error” cometido por el Presidente.

“No es un error de redacción, se trata de un error de legalidad, principalmente en el cuestionado Artículo 7 del decreto”, aseguró Villalta

Carlos Alvarado, aseguró que tienen que firmar más de cinco mil documentos y que confía en sus equipos de trabajo.

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La delegación del mandatario lo llevó al error y quedar en manifiesto que desconocía las acciones de sus asesores.

Dentro del argumento del diputado Villalta presentó argumentos presentado por la Procuraduría General de la República, relacionadas con la ilegalidad del decreto.

El mandatario se sostuvo en que, se trató de una acción de buena fe, para lograr los objetivos y resolver problemas puntuales del país.

“Ustedes (los diputados) conocían el criterio de servicios técnicos sobre esta audiencia que es una interpelación …”, dijo el mandatario.

Carlos Alvarado, dejó claro que sí existe un error, sin embargo, se mantuvo en la línea que el decreto que dio vida a la UPAD es ilegal.

Para el diputado socialcristiano, Pedro Muñoz, aseguró que el “Presidente permitió la entrega de la información personal y los datos más sensibles de todos ticos a su grupo de muchachos en la UPAD sin saber qué hacían con ella, en dónde la guardaban ni con quién la compartían”.

Las contradicciones alrededor del caso de UPAD, causó que el mandatario girara su discurso en ser una “buena intención”, empero, no manifestó que este fuera un error suyo o de sus asesores.

Para la diputada Ivonne Acuña, recordó que las personas que fueron llamadas ante la Comisión, salvo aquellas que se abstuvieron de declarar, fueron bastante consistentes en señalar al Presidente, como el responsable del decreto que formalizó la existencia de la UPAD.

“Por eso, la responsabilidad política incuestionable por la creación y funcionamiento de la UPAD tanto de forma clandestina como cuando se pretendió formalizar es suya. Y también, la responsabilidad de elegir a un grupo de “asesores jurídicos” que como mínimo, quedaron debiendo”, indicó Acuña.

Paola Vega, diputada oficialista, asegura que pese a que se tiene la presencia del Presidente Alvarado, la comisión no está demostrando el objeto de la investigación de la Comisión: si se dio o no espionaje o mal uso de información sensible y personal.

“No hay datos contundentes, no hay pruebas de espionaje, reitero, no hay prueba alguna”, dijo la legisladora del PAC.

A pesar de las dispersadas preguntas de los diputados de la comisión, lo que sí quedó en evidencia es que el mandatario no leyó y no dio seguimiento a su propio equipo de trabajo.

VER EL DECRETO ACÁ

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